Todo Estado democrático está regido por la ley suprema de la nación, que es la Constitución Nacional.
Ella regula la división de poderes del Estado, los derechos y garantías de los ciudadanos, y también los estados de excepción constitucional.
Hay ocasiones en las que, por diferentes causas, el Presidente debe apelar a una herramienta extraordinaria para restablecer el orden institucional, limitando ciertos derechos fundamentales de las personas.
La defensa civil es un sistema al servicio de la comunidad en un estado de emergencia nacional.
De allí la importancia del estado de emergencia, porque su efecto directo es la suspensión del ejercicio de algunos derechos fundamentales.
Por ello es necesario que el estado de emergencia esté reconocido en la Constitución Nacional y regulado por la ley, para que sea aplicado de manera legal y legítima.
Son cuatro los estados de excepción: Sitio, Asamblea, Emergencia y Catástrofe. Los dos primeros son los más graves, y el de catástrofe refiere a los desastres naturales.
Lo ordinario en una democracia es la normalidad institucional, sin embargo hay ocasiones en las que acontece una situación fuera de lo normal.
Se trata de las emergencias anormales, casos críticos que resultan excepcionales en la vida de un país.
Existe consenso acerca de que el estado de emergencia constituye una especie dentro del género estado de necesidad.
El estado de emergencia se declara por parte de la Presidencia de la Nación cuando está comprometida la subsistencia del propio Estado y su régimen político.
O también cuando la situación anormal es lindera con un riesgo insoslayable de caos social.
El concepto de emergencia incluye un elemento sustancial, que es la exigencia de una rápida respuesta estatal ante la circunstancia excepcional.
Hay un sujeto necesitado y un Estado que debe enfrentar la situación atendiendo la problemática en forma urgente.
La aplicación del concepto difiere en cada momento histórico, dependiendo de las circunstancias modales de cada lugar y época.
La situación que genera el estado de emergencia gravita sobre el orden económico social, decantando en un estado de necesidad que causa penuria, pobreza, indigencia y distintos grados de escasez.
La etiología de la situación catastrófica, sus causas profundas y, en particular, sus consecuencias sobre la sociedad y el Estado, influyen sobre la subsistencia de la organización política y jurídica así como en el normal desenvolvimiento de las funciones estatales.
Esa disfuncionalidad autoriza al Estado a restringir el ejercicio normal de ciertos derechos patrimoniales tutelados por la Constitución Nacional.
Una vez declarado el estado de emergencia, las zonas afectadas quedarán bajo la inmediata dependencia del Jefe de la Defensa Civil que designe el Presidente de la República, quien está obligado a informar al Congreso de las medidas adoptadas en virtud de la emergencia.
